Acuerdo para reformar las pensiones entre Gobierno y sindicatos

Esta información del diario El País me parece muy completa, puesto que además a través de enlaces, podréis saber todo lo acordado sobre la reforma de las pensiones e información complementaria sobre la jubilación. En mi modesta opinión no es un acuerdo fantástico, pero si representa un avance importante respecto a las propuestas iniciales del Gobierno.

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El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para reformar las pensiones un año después de que el Ejecutivo anunciase su voluntad de actualizar el sistema para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El envejecimiento de la población complicará en un horizonte de entre 25 a 30 años su viabilidad por la reducción de la masa de trabajadores frente a la de jubilados, algo que tenían claro las partes al inicio de las negociaciones. Según los estudios de Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada persona que cobra una pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Gobierno y sindicatos también coincidían en la necesidad de elevar la edad real -no la legal- de jubilación de los 63,5 años actuales y acercarla progresivamente a los 65. Donde había bastante más distancia era en aumentar esta edad legal para retirarse a los 67, tal y como defendió el Ejecutivo desde el primer momento, y la manera de asegurar la solvencia de las pensiones, aunque al final unos y otros han cedido en sus posturas iniciales para llegar a un pacto que afectará al futuro de millones de trabajadores. Estas son las principales novedades y puntos clave del acuerdo:

• La mitad de los recién jubilados ha cotizado más de 36 años
• Favorable acogida entre la clase política del principio de acuerdo sobre la reforma de pensiones
• Un paso vital para un gran pacto de Estado
• Los trabajadores tendrán que cotizar 38 años y medio para jubilarse a los 65
• Cuidar hijos y ser becarios sumará hasta dos años de cotización
• Los trabajadores tendrán que cotizar 38 años y medio para jubilarse a los 65
• Cuidar hijos y ser becarios sumará hasta dos años de cotización

¿A qué edad me tendré que jubilar?
La edad de jubilación se eleva de 65 a 67 años para todos los trabajadores. No obstante, no será de forma automática, ya que se establecerá un periodo gradual para su entrada en vigor. Así, a partir de 2013 se irá retrasando progresivamente la edad de retiro de los 65 actuales hasta llegar a los 67 años en 2027. Es decir, en 2014 un trabajador se jubilará a los 65 años y mes y medio de edad, en 2015 a los 65 y tres meses y así sucesivamente hasta alcanzar la nueva edad de 67 al final del periodo.
¿No hay excepciones?
- Sí, para aquéllos que tienen largas carreras profesionales y también para aquéllos que tengan oficios penosos y peligrosos (está por definir qué profesiones entrarán en esta categoría). Lo que sí se sabe ya es que los trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65 años conservando la pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio. La generación que se jubila ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Actualmente, tres de cada cinco trabajadores que se retiran (un 64%) abandona el mercado a partir de los 35 años cotizados. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar, y las mujeres, con lagunas en sus carreras de cotización.
¿Cuánto cobraré de pensión?
Actualmente la pensión se calcula sobre la base de cotización de los últimos 15 años. Tras la reforma se ampliará este periodo a 20 años en primer término y a 25 en segundo. Está por saber cuando se alcanzarán estos límites, algo que se está negociando en este momento. Para el primer tramo, los sindicatos demandan que se llegue a los últimos 20 años cotizados en 2018; el Gobierno, en 2016. Para el segundo la negociación se sitúa entre 2021 (Gobierno) y 2024 (sindicatos).
¿Cuántos años tendré que cotizar para cobrar toda la pensión?
Actualmente hay que trabajar un mínimo de 35 años para cobrar el 100% de la pensión. A partir de 2013, este plazo se aumentará progresivamente hasta alcanzar los 37 años en 2027 para los que se retiren a los 67 años. Quienes hayan cotizado durante 38,5 años podrán retirarse a los 65 cobrando toda la pensión.
¿Seguirá existiendo la jubilación anticipada?
Los trabajadores se podrán seguir retirando de forma anticipada, aunque el Gobierno trata endurecer esta facultad. La jubilación a los 61 se mantendrá únicamente para los casos de crisis empresariales. Es decir, solo los trabajadores despedidos que pasen por el desempleo un periodo mínimo de seis meses podrán acceder a la jubilación anticipada por esta vía. El retiro anticipado a los 63 estará más ligado a la voluntariedad. Los coeficientes reductores se situarán entre el 6% y el 7,5%.
Ventajas para los jóvenes...
En una concesión a los sindicatos y con vistas a los jóvenes, el Gobierno ha aceptado contabilizar como parte de la vida laboral los periodos transcurridos como becarios, con un límite de dos años, y permitir así llegar a esos 38 años y medio requeridos para retirarse a los 65. Se está estudiando el efecto retroactivo esta medida de cuatro años desde el momento que entre en vigor la reforma, previsiblemente 2013. En cualquier caso se tendrá que acreditar debidamente este periodo de aprendizaje.
Y para las madres
Lo mismo ocurrirá con el periodo no cotizado y dedicado (mayoritariamente por la mujer) al cuidado de hijos: la persona que haya optado por esta solución podrá sumar nueve meses por hijo a su cotización, con un tope de dos años. No será para todas las mujeres, sino para aquellas que interrumpan su vida laboral para tener hijos.
¿Cuánto años tendré que cotizar para tener derecho a la pensión contributiva?
Como antes de la reforma, este periodo se queda como está, en 15 años, aunque esto solo da derecho a cobrar el 50% de la pensión.

Las reformas del sistema de pensiones

El artículo que os pongo a continuación, publicado el día 3 de enero en El País, es de Ignacio Fernández Toxo, que como todos sabéis es el actual secretario de nuestro sindicato CC.OO.

Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos. Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.

Retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria es injusto e innecesario

La financiación del sistema descansa en trabajos más estables y mejor remunerados

Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.

El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.

El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas. Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.

No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.

Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.

Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social. No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.

Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.

La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.

También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...

En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social. Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.

Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.

Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.

En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).

Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona. No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.

El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.

Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.

VICENÇ NAVARRO -El retraso de las jubilaciones

El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).

A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and

Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o

en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

ENVIA UNA CARTA A LOS EUROPARLAMENTARIOS: STOP REPRESIÓN MARROQUÍ EN EL SAHARA

La coordinadora estatal española de asociaciones solidarias con el Sáhara ha puesto en marcha esta iniciativa.


Para mas información entra en:


http://megafonopublico.blogspot.com/


Envía tu carta al Parlamento Europeo:


http://www.sahararights.net/

MARCELINO CAMACHO...se fue

Varias generaciones de trabajadores y trabajadoras españolas estamos hoy de luto.



Un hombre cotidiano, un trabajador con la imprescindible virtud de la conciencia. Formado en la lucha en las peores circunstancias políticas de nuestra historia, hasta convertirse en referente de la oposición política y sindical a la dictadura a través de sus Comisiones Obreras.

Hizo cuanto pudo, dió todo lo que pudo y se arriesgó cuantas veces fue necesario para, junto sus compañeros y compañeras, conquistar un estado de derecho democrático y una vida mejor para nuestro país.

Fiel enamorado de su clase social, una vida tejida hacia un horizonte inalterable y siempre desde el lado de los suyos. Con el corazón valiente y la cabeza en el futuro.

Marcelino, compañero...camarada, descansa en paz

CCOO CEPSA Madridhttp://megafonocomisiones.blogspot.com/

Tras la huelga, la política económica tiene que cambiar

El siguiente artículo es de Carlos Berzosa, catedrático de Economía y rector de la Universidad Complutense de Madrid.

Dado que es un artículo breve os lo pongo íntegramente, en lugar de simplemente poner su enlace, como hice con los dos interesantes artículos de Vicenç Navarro.

Salió primero en Sistema Digital, cuya web es: www.fundacionsistema.com y fue reproducido en la de Attac, mencionada anteriormente, es decir: www.attac.es

De propina, para los que quieran leer más acerca del nuevo proyecto de ley sobre jubilación, sumado a la reforma laboral y a las demás últimas medidas del gobierno, os doy el siguiente enlace www.attac.es/espana-va-mal

Se trata de un artículo publicado inicialmente en Le Monde Diplomatique por Ignacio Ramonet, que entre otros méritos es catedrático de Teoría de la Comunicación en la universidad Denis-Diderot (París). Además, a los que os preguntéis de dónde ha salido Attac, os interesará saber que se creó tras la publicación de un editorial de Le Monde Diplomatique en 1997 y que precisamente Ignacio Ramonet fue cofundador de Attac, además de Media Watch Global (Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación).

Ahí va el artículo de Berzosa:

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De todas las huelgas generales que he vivido en el periodo democrático, la única que tuvo un éxito rotundo fue la del 14 de diciembre de 1988. Las otras, tanto las de antes de esa fecha como las que se han convocado después, al no tener un seguimiento tan generalizado han dado lugar siempre a una guerra de cifras. Esta vez la guerra de cifras no se ha alentado desde el Gobierno, lo que es de agradecer, pero sí ha habido múltiples valoraciones de dirigentes políticos y medios de comunicación acerca del éxito o fracaso de la huelga convocada. Hay que señalar que, salvo la del 14-D, todas han registrado un seguimiento desigual entre los diferentes sectores, empresas, Comunidades Autónomas y ciudades. De todos modos, a pesar de no haber logrado nunca una paralización total como la de 1988, las huelgas han tenido un éxito relativo y nunca han sido un fracaso.

Las huelgas generales siempre han venido acompañadas de manifestaciones en muchos puntos de España y con una asistencia bastante masiva, que han sido a veces más importantes que la propia huelga. Esto es lógico, pues personas que por diferentes motivos no hacen la huelga, en cambio sí acuden a la manifestación. Los sindicatos han demostrado, por tanto, en todas las ocasiones que han convocado huelga general, que a pesar de las dificultades a las que se enfrentan tenían y siguen teniendo una gran capacidad de movilización.

Ante las cifras dispares del seguimiento que se dan, o las apreciaciones que se hacen, a menudo en función de las propias vivencias, que suelen ser bastante subjetivas o están condicionadas por la información ofrecida por los medios de comunicación, un dato bastante significativo es el del consumo eléctrico. En este caso, según los datos ofrecidos, este consumo ha disminuido un 14% sobre lo que suele ser habitual en un día de diario. Este descenso ha sido menor que el que se dio en la última huelga general en 2002, que se hizo durante el gobierno de Aznar, cuyo descenso fue en torno al 22 %. Todo parece indicar que en esta última huelga general, si nos atenemos a este dato, el seguimiento ha sido menor que en otras ocasiones.

Pero de ahí a afirmar con la rotundidad con que lo han hecho varios medios de comunicación que la huelga ha sido un fracaso, eso no es más que tratar de no atender a la realidad y sesgar de un modo muy interesado la verdad de lo sucedido. Tampoco ha sido un gran éxito, pero si se tienen en cuenta las dificultades para movilizar en el contexto en el que se ha producido la convocatoria, sí se puede calificar de éxito moderado. Ante la presión empresarial, el descuento del salario de un día de trabajo, la cantidad de trabajos temporales y precarios que existen, y la incertidumbre y el miedo que toda crisis genera, lo que hay que preguntarse es cómo ha habido tanta gente que ha hecho huelga.

Han sido, a su vez, muy importantes las manifestaciones. De manera que lo que se pone de manifiesto es que el sindicalismo sigue vivo. Lo sucedido tiene que servir para hacer reflexionar a unos y a otros de cara a actuaciones en el futuro y para buscar soluciones de salida de la crisis, a ser posible negociadas y pactadas. Unos sindicatos fuertes son necesarios en la sociedad actual, pero también tienen que reflexionar, a partir de lo sucedido y su posible pérdida de influencia social, acerca de los cambios que tienen que hacer para llegar a colectivos que se consideran desamparados por ellos.

El Gobierno tiene que extraer sus propias lecciones. Tiene que tener en cuenta la influencia que ha tenido la huelga. Las circunstancias que han motivado que el seguimiento no haya sido mayor. Las importantes movilizaciones realizadas. Y no puede dejar caer en saco roto el descontento social existente. Muchos de los que se han movilizado son su base social, y no puede perderla ni electoralmente ni para llevar a cabo cambios en el modelo de crecimiento. Una rectificación del Gobierno es necesaria en la política económica para que no se pierdan los derechos sociales que tanto ha costado conseguir. Propuestas distintas a las que se están aplicando existen, y si no las conocen, que quienes nos gobiernan lean a otros economistas de otros países y de España, que los hay.

Por qué las políticas del gobierno de Zapatero deben cambiar

Vicenç Navarro es actualmente catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). También ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) durante 35 años, entre otros sitios en los que ha sido docente.

Os pongo dos enlaces a artículos suyos. El primero es una adaptación del segundo, un poco más corta que éste:

• Por qué aquellos amigos socialistas que se opusieron a la huelga general están equivocados.

http://www.vnavarro.org/?p=4748

• Por qué las políticas del gobierno de Zapatero deben cambiar.

http://www.vnavarro.org/?p=4742

El primer artículo se ha publicado hoy 4 de octubre de 2010 en el diario digital EL PLURAL.

El segundo en Sistema Digital el 1 de octubre y reproducido en una web que os recomiendo de forma especial: http://www.attac.es

Por otra parte, sin que tenga nada que ver con Vicenç Navarro, os pongo un pequeño artículo publicado originalmente en el periódico Público y después reproducido también en la mencionada web de ATTAC España.

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Lecciones (ajenas) de la huelga

No, si al final vamos a tener que leer prensa extranjera para enterarnos de lo que pasa, como en los buenos tiempos. Mientras la mayoría de diarios negaba la huelga, los corresponsales extranjeros vieron lo que sus colegas no habían visto: que hubo huelga, no masiva pero sí importante.

"Gran parte del país paralizado", decía el Wall Street Journal. "España al ralentí", en Le Monde. "La industria y los transportes pararon mientras miles tomaban las calles", apuntaba el New York Times, mientras que el Independent británico contaba "millones de trabajadores en huelga", y destacaba que "hasta Almodovar suspendió el rodaje", que ya saben el tirón del manchego fuera de aquí.

Mientras la mayoría de la prensa nacional, radios y tertulias repetían el mensaje del fracaso sindical, los medios extranjeros veían lo que tantos vimos el miércoles: que hubo huelga, que en algunos sectores fue total y en otros escasa, y que muchos salimos a la calle. En el transporte, por ejemplo, el seguimiento fue masivo, pero los servicios mínimos engañan una vez más: si se cumplieron con normalidad no es porque apenas hubiera huelga, sino lo contrario: porque todos los trabajadores hicieron huelga, salvo los obligados a servicios mínimos. Si no, no habría servicios mínimos sino funcionamiento habitual, como pasó en el metro por el descuelgue de los conductores.

Pero nada de eso impresiona a quienes vieron en la huelga la oportunidad de liquidar el movimiento sindical, y que ahora no van a dejar que un montón de obreros de fábrica, conductores o recogedores de basura les estropee el plan. Por eso se multiplican los llamamientos a que los sindicatos "escuchen la lección","tomen nota", "aprendan del fracaso", etc.

La crítica a los sindicatos, y el debate sobre el modelo que queremos, es cosa de los trabajadores. Mal iremos si atendemos las "lecciones" de quienes sólo aceptan la existencia de sindicatos si no sacan los pies del tiesto del diálogo social. Cuando firman acuerdos, todo son elogios a su responsabilidad. Cuando salen a la calle, garrotazo. Esa es la primera lección.