Tras mi alegría inicial por la sentencia del Tribunal Constitucional en la que daba la razón al Gobierno Vasco para no aplicar la ley que obliga a no asistir a los inmigrantes irregulares, el Gobierno del PP dice que esta sentencia no será aplicable al resto de España. Me parece un absoluto despropósito, aunque está completamente en la línea del actual Ejecutivo.
El PP carece de cualquier sensibilidad hacia lo social. Da igual quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, pese al riesgo de que puedan contagiar al resto de la población. Da lo mismo recortar prestaciones a los dependientes. No importa cargarse la Sanidad Pública o la Educación. Etc.
Sin embargo, no parece que pese a los recortes vaya a haber por el momento "brotes verdes". Mientras el premio Nobel Paul Krugman, nada sospechoso de izquierdizmo, mantiene en sus artículos y en su libro "Acabad ya con esta crisis", que la única solución a la misma, es la reactivación de la economía y no los recortes indiscriminados, la Unión Europea y el Gobierno de España, actuan pensando que basta con eliminar gastos. Eso si, por supuesto, sin tocar a la banca, ni plantearse que si se suben los impuestos, quizá deberían subir especialmente para los más ricos. En lugar de eso, lo único que hace el Gobierno es una amnistía fiscal que no ha recaudado ni la mitad del dinero previsto, al margen de ser poco ejemplarizante.
Por otra parte, está muy bien el método de decir que toda la culpa la tiene Zapatero. Los dirigentes del PP en el Gobierno, parece que andan algo desmemoriados cuando no recuerdan que fue Aznar el que liberalizó el suelo de forma que se pudiera construir en cualquier parte no especialmente protegida. Es decir, se facilitó lo que después sería la burbuja inmobiliaria. Tampoco se deben acordar que cuando llegaron al poder, había comunidades muy endeudadas que casualmente estaban gobernadas por ellos, por lo que era difícil decir que no conocieran su situación. Al parecer tampoco han tenido nada que ver con la gestión de diversas cajas de ahorro, en especial de las que se fusionaron con el nombre de Bankia.
En fin, no quiero continuar con mis quejas y os proporciono a continuación la noticia que encabeza este artículo, tal como ha sido publicada en El País de hoy, 19 de diciembre.
El Gobierno desoye el varapalo de la justicia a la exclusión sanitaria
“Seguimos pensando que el decreto vasco es anticonstitucional”, indica Mato
Médicos, ONG, juristas e inmigrantes piden que se restituya la cobertura
Jaime Prats /
Francesco Manetto
Valencia
/
Toledo
18 DIC 2012 - 21:42 CET135
Inmigrantes
sin papeles esperan en el centro de salud Alameda, de Madrid. Eran los últimos
días de agosto, en septiembre sus tarjetas se fueron desactivando. / SANTI
BURGOS
El Gobierno y el PP hicieron ayer como si no fuera con ellos el varapalo propinado por el Tribunal Constitucional a la medida impulsada por el Ministerio de Sanidad de retirar la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular y excluirlos de la atención normalizada en la red pública.
Fuentes del
departamento que dirige Ana Manto indicaron a este diario que no se sienten “en
absoluto” desautorizados y que la tarjeta que se entregue a los inmigrantes no
tendrá validez fuera de Euskadi. “Seguimos pensando que el decreto vasco es
anticonstitucional”, manifestó la propia ministra.
El
secretario de Sanidad del PP, Ignacio Echániz, fue quien más se extendió sobre
la cuestión.“En ningún caso, supone una llamada de atención al Gobierno”, dijo
en un acto en Toledo. “No entra en el fondo del asunto”, por lo que se
mantendrá la exclusión, que limita la asistencia a los extranjeros sin papeles
a las embarazadas, los menores y a los servicios de urgencias.
Echániz
trató de confundir sobre las principales víctimas a las que está afectando la
medida, vigente desde el mes de septiembre. Fue el entonces lehendakari
Patxi López el que desarrolló un decreto para garantizar la asistencia integral
a los inmigrantes en Euskadi. Y en un auto, el Constitucional ha tumbado,
provisionalmente, la suspensión de la norma autonómica que decidió el Gobierno
de Mariano Rajoy, que ha impugnado el decreto vasco.
Médicos del Mundo elaboró a finales de noviembre un informe sobre la aplicación en España de la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la red sanitaria normalizada impulsada por el Gobierno en el marco de las medidas del control del gasto.
La entidad
humanitaria llegó a la conclusión de que la medida se ha implantado de forma
desigual, por lo que la heterogeneidad y el caos eran los rasgos que definían
los tres primeros meses de vigencia de la restruicción de los derechos
sanitarios a los inmigrantes.
El
desconcierto, según Médicos del Mundo, afecta tanto a los usuarios como al
personal sanitario encargado de arbitrar la exclusión.
- Autonomías que no aplican la norma: Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi.
- Comunidades que aplican la exclusión pero han desarrollado herramientas administrativas para seguir atendiendo a los sin papeles: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.
- Las regiones que siguen la norma estatal de forma estricta son Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón.
Echániz manifestó ayer que si el nuevo Gobierno de Íñigo Urkullu (PNV) quiere heredar de los socialistas vascos una “situación en la que la sanidad ponga las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos, pero que no compliquen la vida al resto de los españoles”.
No son, sin embargo, los jubilados o turistas europeos los más afectados por el veto sanitario, sino los inmigrantes sin permiso de residencia, un colectivo en situación de grave vulnerabilidad social y económica.
El
responsable de sanidad del PP también trató de dar la vuelta a los argumentos
que plantea el Constitucional. La iniciativa —y las medidas de ahorro
sanitarias en las que se enmarca— “ha sido extraordinariamente positiva para
los españoles, para la sanidad, para la sostenibilidad y para su futuro”.
El auto aún
no entra en cuestiones como el conflicto de competencias que plantea el
Gobierno en su recurso —remite a la futura sentencia—. Pero sí es muy explícito
en otros aspectos. Por ejemplo, al entender que no está claro que esta medida
suponga un ahorro, como sostiene Echániz, y que sirva para controlar el déficit
público.
En cualquier
caso, aunque existiera un argumento económico, no sería un motivo válido. Tanto
el derecho a la salud y a la integridad física de las personas afectadas como
la conveniencia de evitar riesgos para la salud de la sociedad “poseen una
importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada
por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser
concretado”, recoge el auto.
Esta es la
principal tesis sobre la que el Constitucional se apoya para levantar la
suspensión del decreto vasco. Y si finalmente se impone a otros condicionantes
en la sentencia, supondrá un torpedo en la línea de flotación de las medidas de
restricción sanitaria del Gobierno que marginan a los sin papeles.
Mientras los
populares cerraron ayer filas en torno al polémico veto sanitario, juristas,
médicos, ONG, entidades de inmigrantes y los partidos de la oposición
reclamaron al Ejecutivo que devuelva a los sin papeles el derecho íntegro a la
salud.
