¿Quiénes son los patriotas?

Hace ya días que pensaba publicar algún comentario, seguido de información periodística sobre el tema de los desahucios, incluyendo lo que opinan muchos jueces y la modificación de la ley al respecto.

Los desahucios tal como están planteados, son uno de los aspectos más crueles e injustos de la crisis que nos ha tocado vivir.

A estas alturas creo que todo el mundo conoce ampliamente esta información, en la que cabe destacar que al final el Gobierno ha realizado un retoque mínimo de la ley en contra lo que pensaban jueces y oposición y curiosamente también en contra del parecer de los banqueros, a los que la legislación anterior, que si no recuerdo mal era de 1.909, les parecía estupenda.

Por lo tanto, el artículo que viene a continuación, que como veréis es de Vicenç Navarro y se publicó en la web del desaparecido periódico en papel Público, no va exactamente sobre el tema de los desahucios, aunque si tiene que ver con ellos indirectamente.

(A propósito, aunque desapareció la edición en papel de Público, os sugiero que sigais leyendo en su web y así podréis disfrutar de perlas como la que viene a continuación.)

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¿Quiénes son los patriotas?

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
 
Mark Twain, uno de los autores más críticos de la sabiduría convencional que ha tenido EEUU, escribió frecuentemente que el concepto de patriotismo, en cualquier país, es uno de los más utilizados para esconder intereses de grupos sociales que quieren mantener, por todos los medios, sus privilegios utilizando el sentimiento patriótico como mecanismo de movilización popular, identificando sus intereses particulares con los intereses de lo que llaman patria. Antonio Gramsci, en Italia, uno de los analistas más importantes que han existido en Europa de cómo el poder se reproduce en las sociedades, subrayó con gran agudeza la función ocultadora de los símbolos de la patria para defender los intereses de las clases dirigentes.

España (y Catalunya dentro de ella) es un ejemplo claro de lo que Mark Twain y Antonio Gramsci indicaron. Las derechas han sido siempre las que se han presentado como las grandes defensoras de la patria, defensa que requiere los máximos sacrificios de los que están a su servicio. Uno de los eslóganes de la Guardia Civil (el cuerpo de policía armado que históricamente ha tenido la función de mantener el orden público y reprimir cualquier agitación social que cuestionara las relaciones de poder existentes en España) era “Todo por la patria”, lo que podía significar incluso la pérdida de  la vida de los guardias civiles aunque también, mucho más frecuentemente, la de los represaliados. La Monarquía, el Ejército y la Iglesia han sido siempre las estructuras institucionales que han defendido el poder de los grupos dominantes en las esferas financieras y económicas (y, por lo tanto, políticas y mediáticas) del país, utilizando el amor y el compromiso con la patria como mecanismo de movilización popular en defensa de sus intereses. Las pruebas históricas que avalan esta utilización de la patria para dichos fines particulares son robustas y abrumadoras.

Tales instituciones de derechas son pues las que se consideran a sí mismas como las defensoras de la patria. Hace sólo unos días, el diario monárquico profundamente conservador ABC ponía en portada a la Duquesa de Alba como la gran defensora de la patria española acusando a los catalanes de ser poco patriotas (11 Nov. 2012). Tal personaje es una de las terratenientes más importantes de España y está entre los que reciben mayores subsidios del estado español y de la Unión Europea, a cargo del erario público. Su linaje familiar, por cierto, ha jugado un papel clave, junto con otros terratenientes, en reproducir una situación en el campo andaluz responsable, en gran parte, de la pobreza de las poblaciones rurales de aquella parte de la patria española.
Pero la credibilidad de tal tesis (de que las derechas son las que sostienen el patriotismo) depende, en gran medida, de lo que se entienda por patriotismo, el cual, como la mayoría de sentimientos, no es fácil de definir. Después de todo, ¿qué quiere decir amor a la patria?

¿Qué es patriotismo?

Pero, independientemente de las muchas maneras mediante las que tal concepto y sentimientos puedan definirse, sí que debería haber un componente que coincidiera en todas las definiciones posibles. Y éste es que el amor a la patria debería incluir amor a la ciudadanía de la entidad así definida. No se puede amar a España (o a Catalunya) sin estar dedicado al bienestar de la población que constituye tal país (España y/o Catalunya). Y, puesto que la mayoría de la población pertenece a las clases populares, un indicador de patriotismo debería incluir como elemento definitorio el compromiso y dedicación a la mejora del bienestar de las clases populares. No se puede amar a España (y a Catalunya) sin este compromiso, pues de lo contrario se tiene una visión excesivamente esencialista, casi mística, de lo que es la patria, una concepción poco coherente con la vida real de las personas. En realidad, si la definición de patriotismo no incluye un compromiso por mejorar la vida y bienestar de la mayoría de la población, entonces hay que sospechar que el concepto de patriotismo está siendo utilizado, confundiendo los intereses de la patria con los de un sector minoritario de la población.

Parecería, pues, razonable aceptar, incluso por las derechas, que un elemento común de tal patriotismo fuera la dedicación de las fuerzas patrióticas al bienestar del pueblo, que en términos cuantitativos, serían las clases populares, clases populares que en cualquier país incluyen las clases trabajadores y las clases medias de renta media y baja.

¿Son patriotas las fuerzas que se autodefinen como tales?

Pues bien, tal dedicación puede evaluarse incluso numéricamente. Como decía Mark Twain, el amor no puede cuantificarse, pero sus consecuencias sí. Veamos, pues, los datos. En aquellos países de Europa donde las derechas (que se autodefinen como las fuerzas patrióticas) han tenido más poder históricamente, tales como el Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), el nivel de desarrollo económico, social y político ha sido el más bajo de la Unión Europea. Los datos son abrumadores. Tanto el PIB per cápita como el gasto público social per cápita, o el número de recursos públicos (desde transferencias públicas, como pensiones, hasta servicios públicos, como sanidad y educación, que contribuyen enormemente al bienestar y calidad de vida de las clases populares) han sido, y continúan siendo, los más bajos de la UE-15. Es también en estos países donde los ingresos al Estado son los más bajos, donde la política fiscal es más regresiva y menos redistributiva, donde hay más fraude fiscal y donde hay mayores desigualdades y concentración de la riqueza.

Estos datos permiten, entonces, hacerse la pregunta ¿dónde está el amor a España de los súper patriotas españoles? Su compromiso con el bienestar de la población parece estar muy sesgado hacia ciertos grupos y clases sociales, a costa de los intereses de la mayoría de sus poblaciones. La evidencia de ello es abrumadora. Así como es también abrumadora la evidencia de que este sesgo clasista del patriotismo aparece en varios momentos de la historia de este país. En todos ellos, cuando el gobierno elegido por la ciudadanía a través de procesos democráticos llevó a cabo políticas públicas que beneficiaron a las clases populares, reduciendo los privilegios de los grupos y clases sociales antes mencionados, las derechas superpatriotas se rebelaron militarmente para interrumpir tales políticas. En España, los superpatriotas –la Iglesia, el Ejército, la Monarquía, la banca y la oligarquía empresarial- establecieron un régimen enormemente represivo (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000, según el Catedrático Malefakis, de la Columbia University, experto en el fascismo europeo) que dañó enormemente a la mayoría del pueblo español. Cuando el golpe militar de 1936 ocurrió, el nivel de desarrollo económico español era casi idéntico al italiano. Su PIB per cápita era semejante al PIB per cápita italiano. Cuando la dictadura terminó, en 1978, España tenía un nivel de riqueza que era sólo el 68% de la italiana. Este fue el coste que aquel supuesto patriotismo significó para el pueblo español. El golpe militar se realizó no para salvar la patria sino para que la Iglesia pudiera continuar controlando la educación de los españoles y también la tierra que poseía (la Iglesia era el terrateniente con mayor extensión de tierra en España. Hoy es el segundo); para que la Monarquía continuara siendo el sistema político que garantizara el dominio por parte de las derechas de los aparatos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, la Judicatura y las Fuerzas del Orden; para que el Ejército tuviera sus privilegios, garantes de la unidad de la Patria (convirtiendo al Ejército en instrumento de represión interna); para que la banca y la oligarquía empresarial pudieran mantener sus escandalosos privilegios (que todavía se mantienen hoy, como queda claro con la excesiva protección de la banca frente a los desahuciados); y así un largo etcétera.

La oposición popular a tales medidas regresivas del sistema establecido por los supuestos patriotas explica la enorme represión que caracterizó aquel periodo de dominio del estado por las derechas supuestamente patrióticas. Su carácter nacional, por cierto, quedó negado por el hecho de que su victoria se debiera primordialmente a la ayuda que les prestó la Alemania nazi y el fascismo italiano. Sin esta ayuda extranjera, el golpe militar no podría haber conseguido parar la oposición a tal golpe.

¿Dónde estaba y dónde está ahora el amor a España de los supuestamente patriotas?

Esto podría también preguntarse hoy al gobierno de derechas español, que está llevando a cabo el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más feroz al bienestar de las clases populares. Hoy se están haciendo reformas que afectan muy, pero que muy negativamente al bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares. La evidencia de ello es contundente. Nunca antes en el periodo democrático, el ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español ha estado bajo un ataque tan frontal. Y este ataque se está haciendo para el beneficio de los mismos intereses económicos de siempre: el capital financiero español y el mundo empresarial de las grandes corporaciones, a costa del bienestar de todos los demás. De nuevo, la evidencia de ello es robusta y convincente.

Y todo ello se hace justificándose con la necesidad de aplicar tales políticas de austeridad que son –según el establishment español- las únicas posibles, lo cual es fácil de demostrar que no es cierto. Podrían aplicarse otras que no afectarían a los intereses de las clases populares, afectando, en cambio, a los intereses de los grupos que, de nuevo, se presentan como superpatriotas, defensores  de España. Esta desfachatez (y no hay otra manera de definirlo) se hace violando la soberanía de la Patria que dicen amar tanto, obedeciendo  dócilmente al gobierno alemán, como lo hicieron también en los años treinta. Es la repetición de la historia. Ahora, como entonces, los superpatriotas utilizaron la bandera para defender sus intereses de clase. Así de claro. Y haciéndolo así están traicionando, una vez más, al pueblo español.

Hoy, en España, los movimientos de protesta social que salieron a la calle ayer, en la Huelga General, en defensa de los derechos de las clases populares y de la soberanía de España son los auténticamente patriotas, entendiendo como tales a los que defienden a la mayoría de la ciudadanía frente a una minoría que defiende sus propios intereses y los de sus aliados internacionales, incluyendo las elites financieras que dominan el gobierno alemán.

Una última observación. Le ruego al lector que haya considerado de interés este artículo, que lo distribuya ampliamente, pues los medios de mayor difusión no publican jamás este tipo de artículos. La dictadura mediática exige una respuesta movilizadora que permita presentar otros puntos de vista distintos y críticos de la sabiduría convencional del país que se reproduce a través de tales medios.

Diputados que no cobrar o volver a los tiempos de "La escopeta Nacional"

Para celebrar la alegría que me da que Esperanza Aguirre haya dimitido, aunque eso vaya a cambiar pocas cosas, voy a proponeros que sigáis el enlace siguiente:

Volver a los tiempos de ‘La escopeta nacional’

En este artículo se analizan las consecuencias de dejar sin sueldo a los diputados de la comunidad de Castilla-La Mancha por parte de Dolores Cospedal.

Aunque tienen mucha razón quienes critican a los políticos, no todos son iguales.

Por otra parte, no es lo mismo acabar con privilegios desmesurados y por supuesto perseguir muy especialmente los casos de corrupción y de tráfico de influencias, que precisamente pretender que trabajen sin cobrar, lo cual lo único que puede favorecer, según muy bien dice ese artículo, es que los que se dediquen a la política lo hagan exclusivamente para favorecerse a sí mismos.

Todo trabajador debe de cobrar por su trabajo y un político también trabaja. Otra cuestión es cuáles sean los emolumentos correctos que deba percibir.

Además, es alucinante pensar que algunas personas puedan en sus ratos libres ocuparse de gestionar un presupuesto de 8.000 millones de euros, aunque si son muy listos, ¿por qué no?.

Sobre la modificación a la ley del aborto

En el Megáfono jubilatas como por el momento no se han animado otros jubilados de nuestra empresa a participar, decidí que solamente publicaría aquellas noticias que considerara en algún sentido “especiales”.  Por supuesto suceden a diario cosas importantes, pero muchas veces son mencionadas en el Megáfono principal gracias a sus estupendas/os administradoras/es. 

Por lo tanto, hay veces que considero podría publicar o comentar noticias que para mí son “especiales”.  Para mí es “especial”, en el sentido de especialmente desagradable, la modificación de la ley del aborto que propone el ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón. 

Ruíz-Gallardón al margen de que me parezca discutible su gestión como alcalde de Madrid, siempre me ha parecido uno de los mejores políticos del PP, (lo cual, en mi opinión, quizá no sea decir mucho). 

Sin embargo, su actuación como ministro de Justicia me va pareciendo especialmente nefasta.

Como he encontrado artículos y cartas al director del periódico El País que son capaces de explicar mucho mejor que yo, porque es tan mala la modificación a la ley del aborto, voy a daros algunos enlaces a los mismos:

1. Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento     

  (Se trata de una carta abierta a Ruíz Gallardón, escrita por Javier Esparza, neurocirujano que ha tenido importantes cargos en diversos hospitales públicos)

2.      Si me quedase embarazada de otro bebé tan enfermo, iría a abortar fuera   (Artículo sobre Gloria Muñoz, que fue madre de una niña que falleció con 7 meses de atrofia muscular de grado 1)

3.     La modificación de la ley del aborto (Se trata de una carta de una pediatra al director de El  País)

No doy más enlaces para no abrumaros, pero los que estéis interesados en el tema, veréis que a través de ellos podréis acceder a otras informaciones al respecto.

Divar

Estoy tan indignado con cosas como lo de Bankia y "el rescate de los bancos" sobre lo cual ya he realizado un comentario a un artículo del Megáfono principal, que aquí me voy a limitar a poner dos enlaces a los últimos artículos de El País sobre el culebrón Dívar. Espero por el bien de la justicia española, ya suficientemente degradada por la condena a Garzón en la que intervinieron personajes como este señor, que al final Dívar tenga que dimitir o tenga alguna condena por mínima que ésta sea.

También de propina pongo otro enlace a un artículo muy curioso de  Diario.es sobre el caso Estevill y lo que tiene que ver con el de Dívar.

Ahí van los tres enlaces y que los disfrutéis:

Lo que tienen en comun Divar y Estevill
Dívar aporta nuevos datos falsos
El Supremo vota hoy sobre la querella contra Dívar

Reforma laboral: primera fase

Parece obvio que la reforma laboral va a dar más facilidades a las empresas para despedir y organizar las condiciones laborales a su antojo, incluyendo la posibilidad de rebajar los salarios.

Personalmente no creo que la reforma laboral vaya a solucionar el problema del paro. Pienso que ocurrirá y de hecho está sucediendo, todo lo contrario.

Por otra parte, los empresarios no deberían olvidar que un buen clima laboral es fundamental para conseguir una productividad adecuada.

Tengo la confianza que esto sea tenido en cuenta en el grupo de nuestra empresa, CEPSA, para no usar la reforma laboral en la forma abusiva que se está utilizando, según los ejemplos que podréis ver a continuación.

Los tres siguientes artículos publicados en el periódico El País del pasado domingo 20 de mayo, hacen un análisis, a mi juicio bastante acertado, de la reforma laboral. Os animo a leerlos, pese a que el conjunto sea un poco largo.

(Por cierto, la foto que os pongo al principio es mía, en lugar de la que venía con los artículos de El País, porque en ésta había un gran número de personas perfectamente reconocibles, lo cual no me parece adecuado que lo haga un periódico).

Reforma laboral: primera fase

Las compañías rebajan salarios, cambian horarios y utilizan despidos objetivos y disciplinarios mientras se tramita la normativa del PP

Carmen Sánchez Silva

A falta de la recta final en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que se aprobará definitivamente el mes próximo si se cumplen las previsiones, no son pocas las empresas que se han lanzado a utilizar el decreto (en vigor desde febrero) en la creencia de que no van a tener una situación mejor que la actual para poner en marcha sus planes de reestructuración de plantillas. La fuerza que el decreto ha dado a los empresarios en las relaciones laborales (y que ellos estaban esperando) se deja notar y, aunque sea demasiado pronto para que las estadísticas oficiales lo reflejen con claridad, lo cierto es que muchos trabajadores ya la han sufrido en sus carnes.

Y así seguirá siendo cuando los grupos políticos le den la redacción definitiva a la ley y corrijan algunos de los resquicios de que ahora se están valiendo las empresas para desprenderse de los empleados que les sobran con mayor facilidad. La crisis económica pone sencillo justificar los despidos.

“Las empresas están intentando aprovechar la norma, unas posibilidades que no existían antes y que ahora se les dan. No se trata de un abuso. Con la reforma laboral se ahorran dinero y eso es un beneficio clarísimo para ellas. Aunque sí hay casos, especialmente en los grupos de empresas, en que se maquillan balances, se presentan cuentas sin auditar, cartas de despido que se justifican con una mera facturación decreciente, datos falsificados…, y eso sí que es un abuso”, indica el juez Miguel Ángel Purcalla.

La figura estrella de que se están valiendo las empresas en esta primera fase de aplicación de la reforma laboral para reducir sus costes laborales es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El recrudecimiento de la crisis económica provoca que muchas organizaciones no puedan subsistir sin rebajar salarios, cambiar turnos y horarios de trabajo, trasladar a su personal… para evitar despidos, siguiendo así el objetivo proclamado por el Gobierno. Pero otras, “están haciendo una malísima utilización de los tres trimestres consecutivos de descenso en los ingresos o las ventas que permite la reforma laboral para reducir los salarios o realizar traslados unilateralmente con el objetivo de incitar a que el personal se vaya con la indemnización de 20 días por año trabajado que facilita la norma. Así están forzando las salidas”, señala un abogado laboralista —que suele defender los intereses empresariales en los conflictos laborales— bajo la condición del anonimato.

En su opinión, la más que reclamada flexibilidad interna por parte de los empresarios, que la demandaban con el argumento de que así se evitarían los recortes de plantilla, está, en realidad, provocándolos.

Tecnología y ‘telemarketing’ son de los sectores que más usan la norma.

Del Parlamento saldrá una mayor acotación de las causas económicas que actualmente justifican los despidos y la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Al retirar la reforma laboral la autorización administrativa necesaria para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) y acortar los periodos de negociación entre las partes, tramitarlos es más sencillo. De hecho, los sindicatos denuncian que las empresas están aprovechando esta situación para intentar imponer los expedientes en vez de negociarlos, igual que las modificaciones sustanciales.

“La empresa está metiendo miedo a los empleados. Se saca de la manga despidos y amenaza diciendo que ahora, con la reforma laboral, puede”, lamenta un empleado de Ricoh España. La compañía ha decidido despedir a 110 empleados y congelar el sueldo de la plantilla durante dos años. En cambio, el consejero delegado de esta empresa, Enrique Calabuig, presume de su evolución económica: “Ricoh España ha incrementado la cifra de ventas durante los últimos 17 años”, decía el pasado noviembre en la revista Directivos y Empresas. Pero para el cierre de su ejercicio fiscal, el pasado 30 de marzo, tenía prevista esta desagradable sorpresa. Días antes anunció un despido colectivo ofreciendo los 20 días por año trabajado que permite la ley y forzó a los trabajadores a firmar un acuerdo bajo la presión del calendario. Al final, saldrán 110 empleados con indemnizaciones de 34 días por año trabajado.

Los trabajadores de Ricoh denuncian que es la fórmula que está usando la compañía para desprenderse de personal caro para contratar otro más barato. Y así parece desprenderse de la respuesta oficial que da Ricoh cuando se le pregunta por el ERE que ha puesto sobre la mesa: “En un contexto de recesión económica mundial, Ricoh ha venido manteniendo de manera constante su número de trabajadores en España, en torno a 1.300 colaboradores, aumentando incluso su plantilla durante el último ejercicio. La organización ha llegado a un acuerdo con los representantes laborales para sustituir durante el próximo año algunos perfiles por otros. En una coyuntura económica como la actual, una compañía como la nuestra se ve más obligada que nunca a adaptarse constantemente a las necesidades del mercado...”.

Los sindicatos denuncian presiones en las negociaciones

Las empresas de tecnologías de la información y las de telemarketing son de los negocios más afectados por la rapidez en el uso de la reforma laboral, cuando todavía su redacción no es la definitiva, denuncia Encarna Bonilla, responsable de relaciones laborales de CC OO-Comfía. El sindicato señala varios ejemplos. Ipsos ha presentado un despido colectivo del 12% de su plantilla y ha despedido sin indemnización a los empleados fijos discontinuos. Cibernos amenaza con un ERE con indemnizaciones de 20 días por año y una modificación sustancial de la cuantía salarial, de hasta el 70%. Ibermática ha planteado la rescisión de más de 80 contratos indefinidos, bajadas salariales y traslados. Optize ha modificado jornada y salario, con recortes de hasta el 60%. Y otras compañías como Thales u Oesía están realizando despidos por baja productividad, sin indemnización. CC OO-Comfía ha presentado un recurso colectivo contra IBM por usar una modificación sustancial para rebajar sueldos.

Sin embargo, Jesús Banegas, presidente de la patronal de tecnologías de la información Ametic, señala que las compañías del sector están aplicando la legislación vigente, que es mejor que la anterior, aunque todavía está lejos de ser competitiva respecto al resto de Europa.

En los call centers, señala Encarna Bonilla, donde el empleo es más precario, las empresas están aprovechando la norma para reducir jornadas por decreto y, si no, indemnizar con 20 días por año trabajado. Unitono ha recortado la jornada y los turnos de 450 personas usando la reforma laboral en vez de negociar cambios en el convenio colectivo, como estaba previsto. Transcom lo ha hecho con 30 personas y ha despedido a otras 28 por baja productividad, sin indemnización, lo mismo que Sitel ha hecho con 45 empleados. “Están aprovechando para despedir a gente antigua para contratar personal más barato. Los afectados tienen 20 días para denunciar y las empresas saben que son un pequeño porcentaje los que lo hacen, con lo que se aseguran unas indemnizaciones más bajas”, señala Santiago Alonso, de la coordinadora estatal de telemarketing del sindicato CGT.

Sykes ha aprovechado la reforma laboral, la falta de autorización administrativa en los despidos colectivos para desprenderse de 150 personas. El año pasado lo intentó varias veces pero no se lo autorizaron, dice Bonilla. Grupo GSS va por su segundo ERE, “que justifica con pérdidas previstas, pero no nos dan las cuentas para comprobarlas”, explica Alonso y ofrece 20 días por año o 29 si el trabajador se compromete a no denunciar a la empresa, agrega el secretario de acción sindical de CGT en GSS Line, Juan Luis Arandia. Los dos sindicatos aseguran que GSS ha trasladado parte de su call center a Perú, mientras contrata trabajadores para nuevas campañas de telemarketing.

Otro de los recursos de que se están valiendo las empresas para recortar sus costes salariales y los de los despidos colectivos que abordan es presentarlos incluyendo a menos de 50 trabajadores en la lista. Así esquivan la obligación que fija la reforma laboral de elaborar un plan social que incluya un programa de recolocación para los empleados afectados. Es el procedimiento que han utilizado, por ejemplo, la inmobiliaria Sotogrande, de NH Hoteles, que ha despedido a 49 trabajadores; o Prosegur en el País Vasco, que ha incluido a 47 personas.

Hay abogados, que prefieren mantener el anonimato, que denuncian que algunas empresas están acudiendo a los ERE de extinción para prescindir de los empleados más caros y constituir luego una nueva empresa. Otras proponen a trabajadores concretos reducciones salariales superiores al 50%. También están aquellas que optan por segregarse en varias sociedades de menos de 50 trabajadores a fin de optar a las bonificaciones de los contratos de emprendedores, una nueva figura de trabajador llamado fijo por la que el periodo de prueba es de un año, lo que podría provocar que se presentaran cuestiones de inconstitucionalidad, como ha ocurrido ya con los salarios de tramitación, coinciden en señalar los jueces de lo Social Pablo Aramendi y Miguel Ángel Purcalla.

Más trabajo para los jueces                                                            

Algunos magistrados están convencidos de que la reforma laboral va a propiciar una mayor judicialización de las relaciones laborales. El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, así lo cree aunque, de momento, apenas si han llegado demandas colectivas a la audiencia que respondan al decreto del pasado febrero. Es demasiado pronto.

Sí hablan de un mayor índice de litigiosidad tras la reforma laboral en sus juzgados los magistrados José Ángel Folguera y Miguel Ángel Purcalla, de Madrid y Tarrasa (Barcelona), respectivamente. Según Folguera, los despidos objetivos y disciplinarios han crecido entre un 20% y un 30%. “Y eso que nosotros solo vemos los casos patológicos. Porque muchos trabajadores no demandan ante la mala situación económica de las empresas”, explica.

Para Purcalla, “desde el pasado febrero han crecido los pleitos en tres tipos de asuntos. Las dudas sobre la aplicación de los salarios de tramitación en despidos anteriores a la reforma, el doble cálculo que se ha generado en las indemnizaciones por despido improcedente (45 días por año antes del decreto y 33 días después de su promulgación) y el mayor uso del despido individual objetivo con arreglo a facturaciones y beneficios decrecientes, que fácilmente se ha multiplicado por cuatro”, mantiene.

Sin embargo, según el magistrado Pablo Aramendi todavía es demasiado pronto para apreciar qué es lo que ha pasado tras la reforma laboral. El juez madrileño destaca que la litigiosidad se ha incrementado en un 50% desde 2009 y en 2012 se mantiene así. “Es a partir de este mes cuando empezaremos a ver los despidos derivados de la reforma en los juzgados de Madrid”, dice en la creencia de que “la norma dota al empresario de una potestad muy elevada que puede vulnerar los derechos adquiridos del trabajador. Por eso los jueces tenemos que intentar buscar la aplicación lo más constitucional posible, es decir, garantizar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas para el trabajador. Ese es el debate que vamos a tener dentro de poco con una reforma que debería primar de facto la flexibilidad interna sobre las extinciones”, zanja.

Avanza el despido más barato

Manuel V. Gómez

Apenas han pasado poco más de tres meses desde que la reforma laboral entró en vigor y hay pocas estadísticas —que encima llegan con retraso— sobre sus consecuencias. No obstante, ya empiezan a apreciarse cambios sustanciales. De momento, en marzo los despidos justificados —tanto los individuales como los colectivos— han superado a los improcedentes por primera vez en años, atendiendo a los datos de altas en prestaciones contributivas (la estadística más aproximada para conocer los datos de despidos).

Las rescisiones objetivas (las más baratas del ordenamiento laboral) ascendieron a 35.480, por 32.590 extinciones improcedentes. Cuando se observan los números del primer trimestre de 2012 y se comparan con los del año pasado hay que tener presente que ahora España vive de nuevo una recesión. Sin embargo, el aumento de afectados por despidos colectivos de un año a otro casi se ha duplicado: de unos 6.500 a 11.064 (este diario ha tenido acceso a este dato pese a que todavía no se ha hecho público por el Ministerio de Empleo).

La desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos ha resultado clave. Ya no es necesario que el empresario pacte con los sindicatos para asegurarse el sí administrativo. Este cambio no solo ha impulsado este camino a la hora de reducir plantillas, también ha supuesto una rebaja de las indemnizaciones, ya que aunque sigue siendo habitual que sean mayores que la fijada legalmente (20 días por año trabajado) el menor poder sindical en las negociaciones se traduce en compensaciones menores.

Otro cambio muy significativo en la estadística es el descenso del "despido exprés". Legalmente esta figura, que suponía un despido libre y caro al mismo tiempo, ha desaparecido con la reforma laboral. No obstante, todavía aparece en las estadísticas de altas en prestaciones contributivas. Lo normal es que en los próximos meses, este tipo de despido, que conlleva una indemnización de (33 días por año trabajado por ser improcedente) vaya despareciendo en los próximos meses de los registros oficiales.

Los colegios de abogados consideran ilegal la reforma sanitaria

 Tal como os comenté en el artículo anterior en el que consideraba injusta la reforma sanitaria, os ofrezco ahora un artículo de El País que explica que los colegios de abogados consideran inconstitucional la misma.

Los colegios de abogados consideran inconstitucional la reforma sanitaria

Los letrados creen que el decreto ley afecta a un derecho fundamental por limitar el acceso a la salud

Choca también con varios estatutos de autonomía

“El Estado puede expulsar a un irregular pero no desatenderle” El PSOE y la Junta de Andalucía estudian recurrir al Constitucional.

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular. 

Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Constitución y con los estatutos de autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna. 

El decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados. 

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”. 

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos. 

En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito. 

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade. 

El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio que la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo. 

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. “Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura. 

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?”.

Injusticia de la reforma sanitaria

La reforma sanitaria me parece injusta, entre otras cosas, porque condena a una muerte cierta a un gran número de personas.

No sé si os habéis parado a pensar en que debido al copago no solamente de medicinas, sino también de tratamientos dietoterápicos y del transporte sanitario no urgente, mucha gente no va a poder seguir recibiendo tratamientos que en muchos casos significan la diferencia entre la vida y la muerte.

El periódico El País daba el domingo 29 de abril un par de claros ejemplos al respecto. El primero, el de dos niñas de 8 y 14 años que padecen fenilcetonouria, una enfermedad que impide metabolizar las proteinas de los alimentos. Para que estas niñas puedan susbsistir, necesitan ingerir ciertos preparados dietoterápicos que cuestan unos 2.000 euros para cada niña. La madre está en paro y el padre cobra 1.000 euros al mes. ¿Cómo van a poder pagar el 40% del tratamiento de sus hijas, es decir unos 1.600 euros mensuales?

El segundo ejemplo de El País es el de un jubilado  barcelonés que precisa diálisis 3 veces por semana y tiene una pensión mensual de 730 euros. No va a poder pagar los 30 y pico euros que cuesta el transporte colectivo de pacientes de diálisis en Cataluña por sesión. El transporte para este caso, lo podemos extender a todo tipo de pacientes que precisan ese tipo de prestación, por ejemplo a aquéllos necesitados de quimioterapia y que no pueden acudir por sus propios medios al hospital.

Por otra parte, el caso de los inmigrantes irregulares es especialmente sangrante. Al poder ir exclusivamente a urgencias, se corre el peligro de colapsarlas con lo que eso implica de deterioro de las mismas hasta límites insostenibles, que afectarán a todos los ciudadanos, no solo a los inmigrantes. Además, si tienen enfermedades infecciosas y no se tratan a tiempo, se corren riesgos de pandemias. Imaginemos un caso de tuberculosis de una persona que comparte el piso con otras. Si esa enfermedad no se trata a tiempo, lo más probable es que afecte a más personas de las que habitan con ella y a partir de ahí, la tuberculosis se extienda con facilidad al resto de la población, lo que no solo significa un desastre bajo un punto de vista sanitario, sino un coste económico importante para arreglarlo, es decir, lo que se denomina “hacer un pan con unas tortas”.

Consideremos también el problema de inmigrantes con enfermedades graves, por ejemplo, SIDA. Si no pueden recibir el tratamiento adecuado, porque se les niegan medicinas que obviamente no pueden pagar, están condenados a una muerte segura.

Al margen de estas consideraciones y muchas otras que se podrían hacer, los colegios de abogados consideran inconstitucional la reforma sanitaria. Próximamente publicaré lo que decía El País de ayer al respecto para los que no hayan tenido ocasión de informarse.