Injusticia de la reforma sanitaria

La reforma sanitaria me parece injusta, entre otras cosas, porque condena a una muerte cierta a un gran número de personas.

No sé si os habéis parado a pensar en que debido al copago no solamente de medicinas, sino también de tratamientos dietoterápicos y del transporte sanitario no urgente, mucha gente no va a poder seguir recibiendo tratamientos que en muchos casos significan la diferencia entre la vida y la muerte.

El periódico El País daba el domingo 29 de abril un par de claros ejemplos al respecto. El primero, el de dos niñas de 8 y 14 años que padecen fenilcetonouria, una enfermedad que impide metabolizar las proteinas de los alimentos. Para que estas niñas puedan susbsistir, necesitan ingerir ciertos preparados dietoterápicos que cuestan unos 2.000 euros para cada niña. La madre está en paro y el padre cobra 1.000 euros al mes. ¿Cómo van a poder pagar el 40% del tratamiento de sus hijas, es decir unos 1.600 euros mensuales?

El segundo ejemplo de El País es el de un jubilado  barcelonés que precisa diálisis 3 veces por semana y tiene una pensión mensual de 730 euros. No va a poder pagar los 30 y pico euros que cuesta el transporte colectivo de pacientes de diálisis en Cataluña por sesión. El transporte para este caso, lo podemos extender a todo tipo de pacientes que precisan ese tipo de prestación, por ejemplo a aquéllos necesitados de quimioterapia y que no pueden acudir por sus propios medios al hospital.

Por otra parte, el caso de los inmigrantes irregulares es especialmente sangrante. Al poder ir exclusivamente a urgencias, se corre el peligro de colapsarlas con lo que eso implica de deterioro de las mismas hasta límites insostenibles, que afectarán a todos los ciudadanos, no solo a los inmigrantes. Además, si tienen enfermedades infecciosas y no se tratan a tiempo, se corren riesgos de pandemias. Imaginemos un caso de tuberculosis de una persona que comparte el piso con otras. Si esa enfermedad no se trata a tiempo, lo más probable es que afecte a más personas de las que habitan con ella y a partir de ahí, la tuberculosis se extienda con facilidad al resto de la población, lo que no solo significa un desastre bajo un punto de vista sanitario, sino un coste económico importante para arreglarlo, es decir, lo que se denomina “hacer un pan con unas tortas”.

Consideremos también el problema de inmigrantes con enfermedades graves, por ejemplo, SIDA. Si no pueden recibir el tratamiento adecuado, porque se les niegan medicinas que obviamente no pueden pagar, están condenados a una muerte segura.

Al margen de estas consideraciones y muchas otras que se podrían hacer, los colegios de abogados consideran inconstitucional la reforma sanitaria. Próximamente publicaré lo que decía El País de ayer al respecto para los que no hayan tenido ocasión de informarse.