Parece obvio que la reforma laboral va a dar más facilidades a las empresas para despedir y organizar las condiciones laborales a su antojo, incluyendo la posibilidad de rebajar los salarios.
Personalmente no creo que la reforma laboral vaya a solucionar el problema del paro. Pienso que ocurrirá y de hecho está sucediendo, todo lo contrario.
Por otra parte, los empresarios no deberían olvidar que un buen clima laboral es fundamental para conseguir una productividad adecuada.
Tengo la confianza que esto sea tenido en cuenta en el grupo de nuestra empresa, CEPSA, para no usar la reforma laboral en la forma abusiva que se está utilizando, según los ejemplos que podréis ver a continuación.
Los tres siguientes artículos publicados en el periódico El País del pasado domingo 20 de mayo, hacen un análisis, a mi juicio bastante acertado, de la reforma laboral. Os animo a leerlos, pese a que el conjunto sea un poco largo.
(Por cierto, la foto que os pongo al principio es mía, en lugar de la que venía con los artículos de El País, porque en ésta había un gran número de personas perfectamente reconocibles, lo cual no me parece adecuado que lo haga un periódico).
Reforma laboral: primera fase
Las compañías rebajan salarios, cambian horarios y utilizan despidos
objetivos y disciplinarios mientras se tramita la normativa del PP
Carmen Sánchez Silva
A falta de la recta final en la tramitación parlamentaria de la reforma
laboral, que se aprobará definitivamente el mes próximo si se cumplen las
previsiones, no son pocas las empresas que se han lanzado a utilizar el decreto
(en vigor desde febrero) en la creencia de que no van a tener una situación
mejor que la actual para poner en marcha sus planes de reestructuración de
plantillas. La fuerza que el decreto ha dado a los empresarios en las
relaciones laborales (y que ellos estaban esperando) se deja notar y, aunque
sea demasiado pronto para que las estadísticas oficiales lo reflejen con
claridad, lo cierto es que muchos trabajadores ya la han sufrido en sus carnes.
Y así seguirá siendo cuando los grupos políticos le den la redacción
definitiva a la ley y corrijan algunos de los resquicios de que ahora se están
valiendo las empresas para desprenderse de los empleados que les sobran con
mayor facilidad. La crisis económica pone sencillo justificar los despidos.
“Las empresas están intentando aprovechar la norma, unas posibilidades que
no existían antes y que ahora se les dan. No se trata de un abuso. Con la
reforma laboral se ahorran dinero y eso es un beneficio clarísimo para ellas.
Aunque sí hay casos, especialmente en los grupos de empresas, en que se maquillan
balances, se presentan cuentas sin auditar, cartas de despido que se justifican
con una mera facturación decreciente, datos falsificados…, y eso sí que es un
abuso”, indica el juez Miguel Ángel Purcalla.
La figura estrella de que se están valiendo las empresas en esta primera
fase de aplicación de la reforma laboral para reducir sus costes laborales es
la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El recrudecimiento de
la crisis económica provoca que muchas organizaciones no puedan subsistir sin
rebajar salarios, cambiar turnos y horarios de trabajo, trasladar a su
personal… para evitar despidos, siguiendo así el objetivo proclamado por el
Gobierno. Pero otras, “están haciendo una malísima utilización de los tres
trimestres consecutivos de descenso en los ingresos o las ventas que permite la
reforma laboral para reducir los salarios o realizar traslados unilateralmente
con el objetivo de incitar a que el personal se vaya con la indemnización de 20
días por año trabajado que facilita la norma. Así están forzando las salidas”,
señala un abogado laboralista —que suele defender los intereses empresariales
en los conflictos laborales— bajo la condición del anonimato.
En su opinión, la más que reclamada flexibilidad interna por parte de los
empresarios, que la demandaban con el argumento de que así se evitarían los
recortes de plantilla, está, en realidad, provocándolos.
Tecnología y ‘telemarketing’ son
de los sectores que más usan la norma.
Del Parlamento saldrá una mayor acotación de las causas económicas que
actualmente justifican los despidos y la pérdida de derechos adquiridos por los
trabajadores. Al retirar la reforma laboral la autorización administrativa
necesaria para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) y
acortar los periodos de negociación entre las partes, tramitarlos es más
sencillo. De hecho, los sindicatos denuncian que las empresas están
aprovechando esta situación para intentar imponer los expedientes en vez de
negociarlos, igual que las modificaciones sustanciales.
“La empresa está metiendo miedo a los empleados. Se saca de la manga
despidos y amenaza diciendo que ahora, con la reforma laboral, puede”, lamenta
un empleado de Ricoh España. La compañía ha decidido despedir a 110 empleados y
congelar el sueldo de la plantilla durante dos años. En cambio, el consejero
delegado de esta empresa, Enrique Calabuig, presume de su evolución económica:
“Ricoh España ha incrementado la cifra de ventas durante los últimos 17 años”,
decía el pasado noviembre en la revista
Directivos y Empresas. Pero
para el cierre de su ejercicio fiscal, el pasado 30 de marzo, tenía prevista
esta desagradable sorpresa. Días antes anunció un despido colectivo ofreciendo
los 20 días por año trabajado que permite la ley y forzó a los trabajadores a
firmar un acuerdo bajo la presión del calendario. Al final, saldrán 110
empleados con indemnizaciones de 34 días por año trabajado.
Los trabajadores de Ricoh denuncian que es la fórmula que está usando la
compañía para desprenderse de personal caro para contratar otro más barato. Y
así parece desprenderse de la respuesta oficial que da Ricoh cuando se le
pregunta por el ERE que ha puesto sobre la mesa: “En un contexto de recesión
económica mundial, Ricoh ha venido manteniendo de manera constante su número de
trabajadores en España, en torno a 1.300 colaboradores, aumentando incluso su
plantilla durante el último ejercicio. La organización ha llegado a un acuerdo
con los representantes laborales para sustituir durante el próximo año algunos
perfiles por otros. En una coyuntura económica como la actual, una compañía
como la nuestra se ve más obligada que nunca a adaptarse constantemente a las
necesidades del mercado...”.
Los sindicatos denuncian presiones en las negociaciones
Las empresas de tecnologías de la información y las de
telemarketing
son de los negocios más afectados por la rapidez en el uso de la reforma
laboral, cuando todavía su redacción no es la definitiva, denuncia Encarna
Bonilla, responsable de relaciones laborales de CC OO-Comfía. El sindicato
señala varios ejemplos. Ipsos ha presentado un despido colectivo del 12% de su
plantilla y ha despedido sin indemnización a los empleados fijos discontinuos.
Cibernos amenaza con un ERE con indemnizaciones de 20 días por año y una
modificación sustancial de la cuantía salarial, de hasta el 70%. Ibermática ha
planteado la rescisión de más de 80 contratos indefinidos, bajadas salariales y
traslados. Optize ha modificado jornada y salario, con recortes de hasta el
60%. Y otras compañías como Thales u Oesía están realizando despidos por baja
productividad, sin indemnización. CC OO-Comfía ha presentado un recurso
colectivo contra IBM por usar una modificación sustancial para rebajar sueldos.
Sin embargo, Jesús Banegas, presidente de la patronal de tecnologías de la
información Ametic, señala que las compañías del sector están aplicando la
legislación vigente, que es mejor que la anterior, aunque todavía está lejos de
ser competitiva respecto al resto de Europa.
En los
call centers, señala Encarna Bonilla, donde el
empleo es más precario, las empresas están aprovechando la norma para reducir
jornadas por decreto y, si no, indemnizar con 20 días por año trabajado.
Unitono ha recortado la jornada y los turnos de 450 personas usando la reforma
laboral en vez de negociar cambios en el convenio colectivo, como estaba
previsto. Transcom lo ha hecho con 30 personas y ha despedido a otras 28 por
baja productividad, sin indemnización, lo mismo que Sitel ha hecho con 45
empleados. “Están aprovechando para despedir a gente antigua para contratar
personal más barato. Los afectados tienen 20 días para denunciar y las empresas
saben que son un pequeño porcentaje los que lo hacen, con lo que se aseguran
unas indemnizaciones más bajas”, señala Santiago Alonso, de la coordinadora
estatal de
telemarketing del sindicato CGT.
Sykes ha aprovechado la reforma laboral, la falta de autorización
administrativa en los despidos colectivos para desprenderse de 150 personas. El
año pasado lo intentó varias veces pero no se lo autorizaron, dice Bonilla.
Grupo GSS va por su segundo ERE, “que justifica con pérdidas previstas, pero no
nos dan las cuentas para comprobarlas”, explica Alonso y ofrece 20 días por año
o 29 si el trabajador se compromete a no denunciar a la empresa, agrega el
secretario de acción sindical de CGT en GSS Line, Juan Luis Arandia. Los dos
sindicatos aseguran que GSS ha trasladado parte de su
call center a
Perú, mientras contrata trabajadores para nuevas campañas de
telemarketing.
Otro de los recursos de que se están valiendo las empresas para
recortar sus costes salariales y los de los despidos colectivos que
abordan es presentarlos incluyendo a menos de 50 trabajadores en la
lista. Así esquivan la obligación que fija la reforma laboral de
elaborar un plan social que incluya un programa de recolocación para los
empleados afectados. Es el procedimiento que han utilizado, por
ejemplo, la inmobiliaria Sotogrande, de NH Hoteles, que ha despedido a
49 trabajadores; o Prosegur en el País Vasco, que ha incluido a 47
personas.
Hay abogados, que prefieren mantener el anonimato, que denuncian que
algunas empresas están acudiendo a los ERE de extinción para prescindir
de los empleados más caros y constituir luego una nueva empresa. Otras
proponen a trabajadores concretos reducciones salariales superiores al
50%. También están aquellas que optan por segregarse en varias
sociedades de menos de 50 trabajadores a fin de optar a las
bonificaciones de los contratos de emprendedores, una nueva figura de
trabajador llamado fijo por la que el periodo de prueba es de un año, lo
que podría provocar que se presentaran cuestiones de
inconstitucionalidad, como ha ocurrido ya con los salarios de
tramitación, coinciden en señalar los jueces de lo Social Pablo Aramendi
y Miguel Ángel Purcalla.
Más trabajo para los jueces
Algunos magistrados están convencidos de que la reforma laboral va a
propiciar una mayor judicialización de las relaciones laborales. El presidente
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, así lo cree
aunque, de momento, apenas si han llegado demandas colectivas a la audiencia
que respondan al decreto del pasado febrero. Es demasiado pronto.
Sí hablan de un mayor índice de litigiosidad tras la reforma laboral en sus juzgados
los magistrados José Ángel Folguera y Miguel Ángel Purcalla, de Madrid y
Tarrasa (Barcelona), respectivamente. Según Folguera, los despidos objetivos y
disciplinarios han crecido entre un 20% y un 30%. “Y eso que nosotros solo
vemos los casos patológicos. Porque muchos trabajadores no demandan ante la
mala situación económica de las empresas”, explica.
Para Purcalla, “desde el pasado febrero han crecido los pleitos en tres
tipos de asuntos. Las dudas sobre la aplicación de los salarios de tramitación
en despidos anteriores a la reforma, el doble cálculo que se ha generado en las
indemnizaciones por despido improcedente (45 días por año antes del decreto y
33 días después de su promulgación) y el mayor uso del despido individual
objetivo con arreglo a facturaciones y beneficios decrecientes, que fácilmente
se ha multiplicado por cuatro”, mantiene.
Sin embargo, según el magistrado Pablo Aramendi todavía es demasiado pronto
para apreciar qué es lo que ha pasado tras la reforma laboral. El juez
madrileño destaca que la litigiosidad se ha incrementado en un 50% desde 2009 y
en 2012 se mantiene así. “Es a partir de este mes cuando empezaremos a ver los
despidos derivados de la reforma en los juzgados de Madrid”, dice en la
creencia de que “la norma dota al empresario de una potestad muy elevada que
puede vulnerar los derechos adquiridos del trabajador. Por eso los jueces
tenemos que intentar buscar la aplicación lo más constitucional posible, es
decir, garantizar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas para el
trabajador. Ese es el debate que vamos a tener dentro de poco con una reforma
que debería primar de facto la flexibilidad interna sobre las extinciones”,
zanja.
Avanza el despido más barato
Manuel V. Gómez
Apenas han pasado poco más de tres meses desde que la reforma laboral entró
en vigor y hay pocas estadísticas —que encima llegan con retraso— sobre sus
consecuencias. No obstante, ya empiezan a apreciarse cambios sustanciales. De
momento, en marzo los despidos justificados —tanto los individuales como los
colectivos— han superado a los improcedentes por primera vez en años,
atendiendo a los datos de altas en prestaciones contributivas (la estadística
más aproximada para conocer los datos de despidos).
Las rescisiones objetivas (las más baratas del ordenamiento laboral)
ascendieron a 35.480, por 32.590 extinciones improcedentes. Cuando se observan
los números del primer trimestre de 2012 y se comparan con los del año pasado
hay que tener presente que ahora España vive de nuevo una recesión. Sin
embargo, el aumento de afectados por despidos colectivos de un año a otro casi
se ha duplicado: de unos 6.500 a 11.064 (este diario ha tenido acceso a este
dato pese a que todavía no se ha hecho público por el Ministerio de Empleo).
La desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos
ha resultado clave. Ya no es necesario que el empresario pacte con los
sindicatos para asegurarse el sí administrativo. Este cambio no solo ha
impulsado este camino a la hora de reducir plantillas, también ha supuesto una
rebaja de las indemnizaciones, ya que aunque sigue siendo habitual que sean
mayores que la fijada legalmente (20 días por año trabajado) el menor poder
sindical en las negociaciones se traduce en compensaciones menores.
Otro cambio muy significativo en la estadística es el descenso del
"despido exprés". Legalmente esta figura, que suponía un despido
libre y caro al mismo tiempo, ha desaparecido con la reforma laboral. No
obstante, todavía aparece en las estadísticas de altas en prestaciones
contributivas. Lo normal es que en los próximos meses, este tipo de despido,
que conlleva una indemnización de (33 días por año trabajado por ser
improcedente) vaya despareciendo en los próximos meses de los registros
oficiales.
