Tal como os comenté en el artículo anterior en el que consideraba injusta la reforma sanitaria, os ofrezco ahora un artículo de El País que explica que los colegios de abogados consideran inconstitucional la misma.
Los colegios de abogados
consideran inconstitucional la reforma sanitaria
Los letrados creen que el decreto ley afecta a un
derecho fundamental por limitar el acceso a la salud
Choca también con varios estatutos de autonomía
“El Estado
puede expulsar a un irregular pero no desatenderle” El PSOE y la Junta de
Andalucía estudian recurrir al Constitucional.
La
Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios
estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para
todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan
esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este
es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un
posible recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Medidas Urgentes
para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la
cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular.
Ese punto
colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a
todos los colegios) con la Constitución y con los estatutos de autonomía de
Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad
y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade
competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan
recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy
estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.
El decreto
presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno
tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley
—como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad
urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales,
como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser
modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual
Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la
Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados.
Y alude a
estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las
personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en
condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.
El derecho a
la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El
artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de
la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios
sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las
leyes”, informa Pere Ríos.
En el País
Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación,
explica Juanjo Álvarez, de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático
de Derecho Internacional, cree que en la manera de tramitar las reformas del
Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el
título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos
leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez
indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es
básico, informa Emilio de Benito.
Ante esta
“clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo
les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno
central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que
la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a
inmigrantes no se siente como un problema, y el decreto restringe
unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de
‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica
Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación.
“Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención
sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar en
esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado
tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están
en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle,
desasistirle”, añade.
El Consejo
General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones
muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se
produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado
responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio que la enfermedad.
Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la
subcomisión de Extranjería del Consejo.
Sanidad, no
obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad.
“Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas
que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a
la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la
secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido
varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con
detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura.
El PSOE
comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que
el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade
competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica
José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está
estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando
de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”,
dice Olmos, que asegura que el decreto no solo invade competencias sino que
tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué
pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las
islas y la península?”.
