Reforma laboral: primera fase

Parece obvio que la reforma laboral va a dar más facilidades a las empresas para despedir y organizar las condiciones laborales a su antojo, incluyendo la posibilidad de rebajar los salarios.

Personalmente no creo que la reforma laboral vaya a solucionar el problema del paro. Pienso que ocurrirá y de hecho está sucediendo, todo lo contrario.

Por otra parte, los empresarios no deberían olvidar que un buen clima laboral es fundamental para conseguir una productividad adecuada.

Tengo la confianza que esto sea tenido en cuenta en el grupo de nuestra empresa, CEPSA, para no usar la reforma laboral en la forma abusiva que se está utilizando, según los ejemplos que podréis ver a continuación.

Los tres siguientes artículos publicados en el periódico El País del pasado domingo 20 de mayo, hacen un análisis, a mi juicio bastante acertado, de la reforma laboral. Os animo a leerlos, pese a que el conjunto sea un poco largo.

(Por cierto, la foto que os pongo al principio es mía, en lugar de la que venía con los artículos de El País, porque en ésta había un gran número de personas perfectamente reconocibles, lo cual no me parece adecuado que lo haga un periódico).

Reforma laboral: primera fase

Las compañías rebajan salarios, cambian horarios y utilizan despidos objetivos y disciplinarios mientras se tramita la normativa del PP

Carmen Sánchez Silva

A falta de la recta final en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que se aprobará definitivamente el mes próximo si se cumplen las previsiones, no son pocas las empresas que se han lanzado a utilizar el decreto (en vigor desde febrero) en la creencia de que no van a tener una situación mejor que la actual para poner en marcha sus planes de reestructuración de plantillas. La fuerza que el decreto ha dado a los empresarios en las relaciones laborales (y que ellos estaban esperando) se deja notar y, aunque sea demasiado pronto para que las estadísticas oficiales lo reflejen con claridad, lo cierto es que muchos trabajadores ya la han sufrido en sus carnes.

Y así seguirá siendo cuando los grupos políticos le den la redacción definitiva a la ley y corrijan algunos de los resquicios de que ahora se están valiendo las empresas para desprenderse de los empleados que les sobran con mayor facilidad. La crisis económica pone sencillo justificar los despidos.

“Las empresas están intentando aprovechar la norma, unas posibilidades que no existían antes y que ahora se les dan. No se trata de un abuso. Con la reforma laboral se ahorran dinero y eso es un beneficio clarísimo para ellas. Aunque sí hay casos, especialmente en los grupos de empresas, en que se maquillan balances, se presentan cuentas sin auditar, cartas de despido que se justifican con una mera facturación decreciente, datos falsificados…, y eso sí que es un abuso”, indica el juez Miguel Ángel Purcalla.

La figura estrella de que se están valiendo las empresas en esta primera fase de aplicación de la reforma laboral para reducir sus costes laborales es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El recrudecimiento de la crisis económica provoca que muchas organizaciones no puedan subsistir sin rebajar salarios, cambiar turnos y horarios de trabajo, trasladar a su personal… para evitar despidos, siguiendo así el objetivo proclamado por el Gobierno. Pero otras, “están haciendo una malísima utilización de los tres trimestres consecutivos de descenso en los ingresos o las ventas que permite la reforma laboral para reducir los salarios o realizar traslados unilateralmente con el objetivo de incitar a que el personal se vaya con la indemnización de 20 días por año trabajado que facilita la norma. Así están forzando las salidas”, señala un abogado laboralista —que suele defender los intereses empresariales en los conflictos laborales— bajo la condición del anonimato.

En su opinión, la más que reclamada flexibilidad interna por parte de los empresarios, que la demandaban con el argumento de que así se evitarían los recortes de plantilla, está, en realidad, provocándolos.

Tecnología y ‘telemarketing’ son de los sectores que más usan la norma.

Del Parlamento saldrá una mayor acotación de las causas económicas que actualmente justifican los despidos y la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Al retirar la reforma laboral la autorización administrativa necesaria para poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) y acortar los periodos de negociación entre las partes, tramitarlos es más sencillo. De hecho, los sindicatos denuncian que las empresas están aprovechando esta situación para intentar imponer los expedientes en vez de negociarlos, igual que las modificaciones sustanciales.

“La empresa está metiendo miedo a los empleados. Se saca de la manga despidos y amenaza diciendo que ahora, con la reforma laboral, puede”, lamenta un empleado de Ricoh España. La compañía ha decidido despedir a 110 empleados y congelar el sueldo de la plantilla durante dos años. En cambio, el consejero delegado de esta empresa, Enrique Calabuig, presume de su evolución económica: “Ricoh España ha incrementado la cifra de ventas durante los últimos 17 años”, decía el pasado noviembre en la revista Directivos y Empresas. Pero para el cierre de su ejercicio fiscal, el pasado 30 de marzo, tenía prevista esta desagradable sorpresa. Días antes anunció un despido colectivo ofreciendo los 20 días por año trabajado que permite la ley y forzó a los trabajadores a firmar un acuerdo bajo la presión del calendario. Al final, saldrán 110 empleados con indemnizaciones de 34 días por año trabajado.

Los trabajadores de Ricoh denuncian que es la fórmula que está usando la compañía para desprenderse de personal caro para contratar otro más barato. Y así parece desprenderse de la respuesta oficial que da Ricoh cuando se le pregunta por el ERE que ha puesto sobre la mesa: “En un contexto de recesión económica mundial, Ricoh ha venido manteniendo de manera constante su número de trabajadores en España, en torno a 1.300 colaboradores, aumentando incluso su plantilla durante el último ejercicio. La organización ha llegado a un acuerdo con los representantes laborales para sustituir durante el próximo año algunos perfiles por otros. En una coyuntura económica como la actual, una compañía como la nuestra se ve más obligada que nunca a adaptarse constantemente a las necesidades del mercado...”.

Los sindicatos denuncian presiones en las negociaciones

Las empresas de tecnologías de la información y las de telemarketing son de los negocios más afectados por la rapidez en el uso de la reforma laboral, cuando todavía su redacción no es la definitiva, denuncia Encarna Bonilla, responsable de relaciones laborales de CC OO-Comfía. El sindicato señala varios ejemplos. Ipsos ha presentado un despido colectivo del 12% de su plantilla y ha despedido sin indemnización a los empleados fijos discontinuos. Cibernos amenaza con un ERE con indemnizaciones de 20 días por año y una modificación sustancial de la cuantía salarial, de hasta el 70%. Ibermática ha planteado la rescisión de más de 80 contratos indefinidos, bajadas salariales y traslados. Optize ha modificado jornada y salario, con recortes de hasta el 60%. Y otras compañías como Thales u Oesía están realizando despidos por baja productividad, sin indemnización. CC OO-Comfía ha presentado un recurso colectivo contra IBM por usar una modificación sustancial para rebajar sueldos.

Sin embargo, Jesús Banegas, presidente de la patronal de tecnologías de la información Ametic, señala que las compañías del sector están aplicando la legislación vigente, que es mejor que la anterior, aunque todavía está lejos de ser competitiva respecto al resto de Europa.

En los call centers, señala Encarna Bonilla, donde el empleo es más precario, las empresas están aprovechando la norma para reducir jornadas por decreto y, si no, indemnizar con 20 días por año trabajado. Unitono ha recortado la jornada y los turnos de 450 personas usando la reforma laboral en vez de negociar cambios en el convenio colectivo, como estaba previsto. Transcom lo ha hecho con 30 personas y ha despedido a otras 28 por baja productividad, sin indemnización, lo mismo que Sitel ha hecho con 45 empleados. “Están aprovechando para despedir a gente antigua para contratar personal más barato. Los afectados tienen 20 días para denunciar y las empresas saben que son un pequeño porcentaje los que lo hacen, con lo que se aseguran unas indemnizaciones más bajas”, señala Santiago Alonso, de la coordinadora estatal de telemarketing del sindicato CGT.

Sykes ha aprovechado la reforma laboral, la falta de autorización administrativa en los despidos colectivos para desprenderse de 150 personas. El año pasado lo intentó varias veces pero no se lo autorizaron, dice Bonilla. Grupo GSS va por su segundo ERE, “que justifica con pérdidas previstas, pero no nos dan las cuentas para comprobarlas”, explica Alonso y ofrece 20 días por año o 29 si el trabajador se compromete a no denunciar a la empresa, agrega el secretario de acción sindical de CGT en GSS Line, Juan Luis Arandia. Los dos sindicatos aseguran que GSS ha trasladado parte de su call center a Perú, mientras contrata trabajadores para nuevas campañas de telemarketing.

Otro de los recursos de que se están valiendo las empresas para recortar sus costes salariales y los de los despidos colectivos que abordan es presentarlos incluyendo a menos de 50 trabajadores en la lista. Así esquivan la obligación que fija la reforma laboral de elaborar un plan social que incluya un programa de recolocación para los empleados afectados. Es el procedimiento que han utilizado, por ejemplo, la inmobiliaria Sotogrande, de NH Hoteles, que ha despedido a 49 trabajadores; o Prosegur en el País Vasco, que ha incluido a 47 personas.

Hay abogados, que prefieren mantener el anonimato, que denuncian que algunas empresas están acudiendo a los ERE de extinción para prescindir de los empleados más caros y constituir luego una nueva empresa. Otras proponen a trabajadores concretos reducciones salariales superiores al 50%. También están aquellas que optan por segregarse en varias sociedades de menos de 50 trabajadores a fin de optar a las bonificaciones de los contratos de emprendedores, una nueva figura de trabajador llamado fijo por la que el periodo de prueba es de un año, lo que podría provocar que se presentaran cuestiones de inconstitucionalidad, como ha ocurrido ya con los salarios de tramitación, coinciden en señalar los jueces de lo Social Pablo Aramendi y Miguel Ángel Purcalla.

Más trabajo para los jueces                                                            

Algunos magistrados están convencidos de que la reforma laboral va a propiciar una mayor judicialización de las relaciones laborales. El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, así lo cree aunque, de momento, apenas si han llegado demandas colectivas a la audiencia que respondan al decreto del pasado febrero. Es demasiado pronto.

Sí hablan de un mayor índice de litigiosidad tras la reforma laboral en sus juzgados los magistrados José Ángel Folguera y Miguel Ángel Purcalla, de Madrid y Tarrasa (Barcelona), respectivamente. Según Folguera, los despidos objetivos y disciplinarios han crecido entre un 20% y un 30%. “Y eso que nosotros solo vemos los casos patológicos. Porque muchos trabajadores no demandan ante la mala situación económica de las empresas”, explica.

Para Purcalla, “desde el pasado febrero han crecido los pleitos en tres tipos de asuntos. Las dudas sobre la aplicación de los salarios de tramitación en despidos anteriores a la reforma, el doble cálculo que se ha generado en las indemnizaciones por despido improcedente (45 días por año antes del decreto y 33 días después de su promulgación) y el mayor uso del despido individual objetivo con arreglo a facturaciones y beneficios decrecientes, que fácilmente se ha multiplicado por cuatro”, mantiene.

Sin embargo, según el magistrado Pablo Aramendi todavía es demasiado pronto para apreciar qué es lo que ha pasado tras la reforma laboral. El juez madrileño destaca que la litigiosidad se ha incrementado en un 50% desde 2009 y en 2012 se mantiene así. “Es a partir de este mes cuando empezaremos a ver los despidos derivados de la reforma en los juzgados de Madrid”, dice en la creencia de que “la norma dota al empresario de una potestad muy elevada que puede vulnerar los derechos adquiridos del trabajador. Por eso los jueces tenemos que intentar buscar la aplicación lo más constitucional posible, es decir, garantizar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas para el trabajador. Ese es el debate que vamos a tener dentro de poco con una reforma que debería primar de facto la flexibilidad interna sobre las extinciones”, zanja.

Avanza el despido más barato

Manuel V. Gómez

Apenas han pasado poco más de tres meses desde que la reforma laboral entró en vigor y hay pocas estadísticas —que encima llegan con retraso— sobre sus consecuencias. No obstante, ya empiezan a apreciarse cambios sustanciales. De momento, en marzo los despidos justificados —tanto los individuales como los colectivos— han superado a los improcedentes por primera vez en años, atendiendo a los datos de altas en prestaciones contributivas (la estadística más aproximada para conocer los datos de despidos).

Las rescisiones objetivas (las más baratas del ordenamiento laboral) ascendieron a 35.480, por 32.590 extinciones improcedentes. Cuando se observan los números del primer trimestre de 2012 y se comparan con los del año pasado hay que tener presente que ahora España vive de nuevo una recesión. Sin embargo, el aumento de afectados por despidos colectivos de un año a otro casi se ha duplicado: de unos 6.500 a 11.064 (este diario ha tenido acceso a este dato pese a que todavía no se ha hecho público por el Ministerio de Empleo).

La desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos ha resultado clave. Ya no es necesario que el empresario pacte con los sindicatos para asegurarse el sí administrativo. Este cambio no solo ha impulsado este camino a la hora de reducir plantillas, también ha supuesto una rebaja de las indemnizaciones, ya que aunque sigue siendo habitual que sean mayores que la fijada legalmente (20 días por año trabajado) el menor poder sindical en las negociaciones se traduce en compensaciones menores.

Otro cambio muy significativo en la estadística es el descenso del "despido exprés". Legalmente esta figura, que suponía un despido libre y caro al mismo tiempo, ha desaparecido con la reforma laboral. No obstante, todavía aparece en las estadísticas de altas en prestaciones contributivas. Lo normal es que en los próximos meses, este tipo de despido, que conlleva una indemnización de (33 días por año trabajado por ser improcedente) vaya despareciendo en los próximos meses de los registros oficiales.

Los colegios de abogados consideran ilegal la reforma sanitaria

 Tal como os comenté en el artículo anterior en el que consideraba injusta la reforma sanitaria, os ofrezco ahora un artículo de El País que explica que los colegios de abogados consideran inconstitucional la misma.

Los colegios de abogados consideran inconstitucional la reforma sanitaria

Los letrados creen que el decreto ley afecta a un derecho fundamental por limitar el acceso a la salud

Choca también con varios estatutos de autonomía

“El Estado puede expulsar a un irregular pero no desatenderle” El PSOE y la Junta de Andalucía estudian recurrir al Constitucional.

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular. 

Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Constitución y con los estatutos de autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna. 

El decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados. 

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”. 

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos. 

En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito. 

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade. 

El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio que la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo. 

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. “Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura. 

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?”.

Injusticia de la reforma sanitaria

La reforma sanitaria me parece injusta, entre otras cosas, porque condena a una muerte cierta a un gran número de personas.

No sé si os habéis parado a pensar en que debido al copago no solamente de medicinas, sino también de tratamientos dietoterápicos y del transporte sanitario no urgente, mucha gente no va a poder seguir recibiendo tratamientos que en muchos casos significan la diferencia entre la vida y la muerte.

El periódico El País daba el domingo 29 de abril un par de claros ejemplos al respecto. El primero, el de dos niñas de 8 y 14 años que padecen fenilcetonouria, una enfermedad que impide metabolizar las proteinas de los alimentos. Para que estas niñas puedan susbsistir, necesitan ingerir ciertos preparados dietoterápicos que cuestan unos 2.000 euros para cada niña. La madre está en paro y el padre cobra 1.000 euros al mes. ¿Cómo van a poder pagar el 40% del tratamiento de sus hijas, es decir unos 1.600 euros mensuales?

El segundo ejemplo de El País es el de un jubilado  barcelonés que precisa diálisis 3 veces por semana y tiene una pensión mensual de 730 euros. No va a poder pagar los 30 y pico euros que cuesta el transporte colectivo de pacientes de diálisis en Cataluña por sesión. El transporte para este caso, lo podemos extender a todo tipo de pacientes que precisan ese tipo de prestación, por ejemplo a aquéllos necesitados de quimioterapia y que no pueden acudir por sus propios medios al hospital.

Por otra parte, el caso de los inmigrantes irregulares es especialmente sangrante. Al poder ir exclusivamente a urgencias, se corre el peligro de colapsarlas con lo que eso implica de deterioro de las mismas hasta límites insostenibles, que afectarán a todos los ciudadanos, no solo a los inmigrantes. Además, si tienen enfermedades infecciosas y no se tratan a tiempo, se corren riesgos de pandemias. Imaginemos un caso de tuberculosis de una persona que comparte el piso con otras. Si esa enfermedad no se trata a tiempo, lo más probable es que afecte a más personas de las que habitan con ella y a partir de ahí, la tuberculosis se extienda con facilidad al resto de la población, lo que no solo significa un desastre bajo un punto de vista sanitario, sino un coste económico importante para arreglarlo, es decir, lo que se denomina “hacer un pan con unas tortas”.

Consideremos también el problema de inmigrantes con enfermedades graves, por ejemplo, SIDA. Si no pueden recibir el tratamiento adecuado, porque se les niegan medicinas que obviamente no pueden pagar, están condenados a una muerte segura.

Al margen de estas consideraciones y muchas otras que se podrían hacer, los colegios de abogados consideran inconstitucional la reforma sanitaria. Próximamente publicaré lo que decía El País de ayer al respecto para los que no hayan tenido ocasión de informarse.