lunes, 31 de enero de 2011

Acuerdo para reformar las pensiones entre Gobierno y sindicatos

Esta información del diario El País me parece muy completa, puesto que además a través de enlaces, podréis saber todo lo acordado sobre la reforma de las pensiones e información complementaria sobre la jubilación. En mi modesta opinión no es un acuerdo fantástico, pero si representa un avance importante respecto a las propuestas iniciales del Gobierno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para reformar las pensiones un año después de que el Ejecutivo anunciase su voluntad de actualizar el sistema para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El envejecimiento de la población complicará en un horizonte de entre 25 a 30 años su viabilidad por la reducción de la masa de trabajadores frente a la de jubilados, algo que tenían claro las partes al inicio de las negociaciones. Según los estudios de Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada persona que cobra una pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Gobierno y sindicatos también coincidían en la necesidad de elevar la edad real -no la legal- de jubilación de los 63,5 años actuales y acercarla progresivamente a los 65. Donde había bastante más distancia era en aumentar esta edad legal para retirarse a los 67, tal y como defendió el Ejecutivo desde el primer momento, y la manera de asegurar la solvencia de las pensiones, aunque al final unos y otros han cedido en sus posturas iniciales para llegar a un pacto que afectará al futuro de millones de trabajadores. Estas son las principales novedades y puntos clave del acuerdo:
¿A qué edad me tendré que jubilar?
La edad de jubilación se eleva de 65 a 67 años para todos los trabajadores. No obstante, no será de forma automática, ya que se establecerá un periodo gradual para su entrada en vigor. Así, a partir de 2013 se irá retrasando progresivamente la edad de retiro de los 65 actuales hasta llegar a los 67 años en 2027. Es decir, en 2014 un trabajador se jubilará a los 65 años y mes y medio de edad, en 2015 a los 65 y tres meses y así sucesivamente hasta alcanzar la nueva edad de 67 al final del periodo.
¿No hay excepciones?
- Sí, para aquéllos que tienen largas carreras profesionales y también para aquéllos que tengan oficios penosos y peligrosos (está por definir qué profesiones entrarán en esta categoría). Lo que sí se sabe ya es que los trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65 años conservando la pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio. La generación que se jubila ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Actualmente, tres de cada cinco trabajadores que se retiran (un 64%) abandona el mercado a partir de los 35 años cotizados. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar, y las mujeres, con lagunas en sus carreras de cotización.
¿Cuánto cobraré de pensión?
Actualmente la pensión se calcula sobre la base de cotización de los últimos 15 años. Tras la reforma se ampliará este periodo a 20 años en primer término y a 25 en segundo. Está por saber cuando se alcanzarán estos límites, algo que se está negociando en este momento. Para el primer tramo, los sindicatos demandan que se llegue a los últimos 20 años cotizados en 2018; el Gobierno, en 2016. Para el segundo la negociación se sitúa entre 2021 (Gobierno) y 2024 (sindicatos).
¿Cuántos años tendré que cotizar para cobrar toda la pensión?
Actualmente hay que trabajar un mínimo de 35 años para cobrar el 100% de la pensión. A partir de 2013, este plazo se aumentará progresivamente hasta alcanzar los 37 años en 2027 para los que se retiren a los 67 años. Quienes hayan cotizado durante 38,5 años podrán retirarse a los 65 cobrando toda la pensión.
¿Seguirá existiendo la jubilación anticipada?
Los trabajadores se podrán seguir retirando de forma anticipada, aunque el Gobierno trata endurecer esta facultad. La jubilación a los 61 se mantendrá únicamente para los casos de crisis empresariales. Es decir, solo los trabajadores despedidos que pasen por el desempleo un periodo mínimo de seis meses podrán acceder a la jubilación anticipada por esta vía. El retiro anticipado a los 63 estará más ligado a la voluntariedad. Los coeficientes reductores se situarán entre el 6% y el 7,5%.
Ventajas para los jóvenes...
En una concesión a los sindicatos y con vistas a los jóvenes, el Gobierno ha aceptado contabilizar como parte de la vida laboral los periodos transcurridos como becarios, con un límite de dos años, y permitir así llegar a esos 38 años y medio requeridos para retirarse a los 65. Se está estudiando el efecto retroactivo esta medida de cuatro años desde el momento que entre en vigor la reforma, previsiblemente 2013. En cualquier caso se tendrá que acreditar debidamente este periodo de aprendizaje.
Y para las madres
Lo mismo ocurrirá con el periodo no cotizado y dedicado (mayoritariamente por la mujer) al cuidado de hijos: la persona que haya optado por esta solución podrá sumar nueve meses por hijo a su cotización, con un tope de dos años. No será para todas las mujeres, sino para aquellas que interrumpan su vida laboral para tener hijos.
¿Cuánto años tendré que cotizar para tener derecho a la pensión contributiva?
Como antes de la reforma, este periodo se queda como está, en 15 años, aunque esto solo da derecho a cobrar el 50% de la pensión.

viernes, 7 de enero de 2011

Las reformas del sistema de pensiones


El artículo que os pongo a continuación, publicado el día 3 de enero en El País, es de Ignacio Fernández Toxo, que como todos sabéis es el actual secretario de nuestro sindicato CC.OO.





Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos. Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.

Retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria es injusto e innecesario

La financiación del sistema descansa en trabajos más estables y mejor remunerados

Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.

El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.

El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas. Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.

No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.

Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.

Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social. No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.

Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.

La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.

También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...

En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social. Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.

Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.

Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.

En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).

Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona. No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.

El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.

Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.

AVISO A NAVEGANTES

No admitiré insultos, palabras ofensivas, que afecten al honor...y demás. Tengo el criterio suficiente para poder eliminar comentarios si lo creo conveniente y en base a la anterior exposición. Me da lo mismo que alguien diga que soy antidemocrata o que atento contra la libertad de expresión. Igualmente, no me responsabilizo de aquellos comentarios o post que se cuelguen en el presente blog.

El duende verde